El Supremo aclara los límites de las sanciones por facturas falsas

La expedición de facturas falsas derivadas de una actividad económica simulada no justifica, por sí sola, el incremento del 100 % de la sanción tributaria por incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación. El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre esta cuestión y confirma que la agravación no resulta aplicable cuando la regularización tributaria anula las operaciones que originaron las obligaciones de facturación.

Así lo establece la Sentencia 1.166/2026, de 20 de octubre, que desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado.

Una estructura empresarial bajo sospecha

El litigio procede de una regularización tributaria vinculada a una actividad de transporte de mercancías por carretera. En el marco de las actuaciones inspectoras, la Administración detectó que varios socios figuraban formalmente como empresarios independientes, aunque la actividad estaba realmente dirigida desde una única sociedad mercantil.

La Inspección apreció una simulación relativa consistente en dividir artificialmente una actividad económica que, en realidad, tenía un único centro de decisión.

Esta organización había permitido generar facturas sin correspondencia con operaciones económicas reales. La sociedad utilizaba dichos documentos para justificar deducciones de IVA soportado y gastos en el Impuesto sobre Sociedades.

La Administración impuso a uno de los socios una sanción por expedir facturas con datos falsos o falseados. Además, aplicó el incremento del 100 % previsto en el artículo 201.5 de la Ley General Tributaria (LGT).

El pronunciamiento de la Audiencia Nacional

El contribuyente impugnó la sanción ante los órganos económico-administrativos y, posteriormente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Audiencia Nacional estimó parcialmente el recurso y consideró improcedente la agravación. Su razonamiento partió de que la regularización había anulado las operaciones realizadas entre los socios y la sociedad, al concluir que no existían actividades económicas independientes.

Por ello, entendió que no podía apreciarse un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación en los términos exigidos por el artículo 187.1.c) LGT.

La Administración recurrió esta decisión en casación al considerar que la emisión de facturas falsas debía calificarse como el máximo incumplimiento de las obligaciones de facturación.

La respuesta del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo confirma el criterio de la Audiencia Nacional y se remite a la doctrina establecida en su Sentencia 481/2024, de 18 de marzo.

La Sala recuerda que el artículo 201.5 LGT no establece una agravación automática. Su aplicación exige comprobar los requisitos del artículo 187.1.c), que contempla el incumplimiento de más del 20 % de las operaciones sujetas a facturación o la imposibilidad de conocer su importe.

En el supuesto analizado, la anulación de las operaciones como consecuencia de la regularización impide aplicar este criterio de graduación respecto de los mismos tributos y periodos comprobados.

Una doctrina que diferencia infracción y agravación

La resolución desestima el recurso de casación y confirma la improcedencia del incremento del 100 %. El pronunciamiento no elimina la infracción por expedición de facturas falsas, sino que delimita las condiciones necesarias para agravar su sanción.

De este modo, el Tribunal Supremo refuerza la exigencia de aplicar los criterios de graduación conforme a sus presupuestos legales específicos, evitando que la gravedad de la conducta sustituya la comprobación de los requisitos normativos.