El TJUE fija límites a la responsabilidad estatal

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha delimitado el alcance de la responsabilidad de los Estados miembros por las infracciones del Derecho de la Unión cometidas por sus tribunales de última instancia. Las sentencias dictadas en los asuntos C-163/24 y C-293/24 precisan cuándo una resolución judicial puede dar lugar a una reclamación de daños y qué importancia tiene la falta de remisión prejudicial.

La principal conclusión es que no toda negativa a plantear una cuestión prejudicial genera responsabilidad estatal. Es necesario que concurran los requisitos establecidos por el Derecho de la Unión.

El Derecho europeo debe proteger derechos

Según recuerda el TJUE, un particular puede obtener una indemnización cuando una infracción del Derecho de la Unión reúna tres condiciones acumulativas. La disposición vulnerada debe conferir derechos a los particulares, la infracción debe ser suficientemente caracterizada y debe existir una relación directa entre esta y el daño producido.

La misma regla se aplica cuando la infracción deriva de una decisión de un órgano jurisdiccional nacional de última instancia.

En consecuencia, el incumplimiento de la obligación de remisión prejudicial debe analizarse conjuntamente con la posible vulneración de otras normas europeas. Si la disposición afectada no confiere derechos a los particulares, la negativa a consultar al TJUE no basta para exigir una indemnización.

La protección de los intereses financieros

Esta cuestión fue determinante en el asunto C-163/24. Un agricultor rumano había solicitado ayudas para 264,71 hectáreas, pero la Administración determinó que solo 180,62 hectáreas cumplían los requisitos para recibirlas.

Después de recurrir sin éxito, el agricultor cuestionó que el Tribunal de Apelación de Bucarest hubiera rechazado inicialmente plantear una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la normativa europea.

El TJUE concluye que la disposición controvertida no confería derechos al agricultor. Su finalidad era proteger los intereses financieros de la Unión mediante las reglas de identificación de las superficies agrícolas. Por tanto, el incumplimiento de la obligación de remisión no podía generar, por sí mismo, la responsabilidad de Rumanía.

Una mayor protección para los trabajadores

El resultado puede ser diferente cuando la norma europea protege directamente a los particulares. Así ocurre en el asunto C-293/24, relacionado con trabajadores de Air Atlantis despedidos tras la disolución de la compañía.

Los trabajadores sostenían que TAP había asumido parte de la actividad de Air Atlantis y que esa operación constituía una transmisión de empresa. En 2009, el Tribunal Supremo portugués rechazó sus pretensiones sin consultar al TJUE.

En 2015, el Tribunal de Justicia declaró que sí se había producido una transmisión de empresa y que el Tribunal Supremo debería haber planteado una cuestión prejudicial. Las normas aplicables tenían, además, la finalidad de proteger los derechos de los trabajadores, por lo que se cumplía el primer requisito de la responsabilidad estatal.

La actuación del tribunal será determinante

El TJUE identifica tres circunstancias relevantes para determinar si la infracción fue suficientemente caracterizada: la existencia de jurisprudencia europea anterior que permitía alcanzar la solución correcta, el apartamiento de esa jurisprudencia sin plantear cuestión prejudicial y el conocimiento de que una cuestión relacionada con el método interpretativo empleado estaba pendiente ante el Tribunal de Justicia.

Estos elementos apuntan a una infracción suficientemente caracterizada, aunque corresponderá al órgano jurisdiccional nacional efectuar la comprobación definitiva y analizar también la relación causal entre la actuación judicial y los daños reclamados.