El Supremo y la rectificación fiscal

Introducción al conflicto

El Tribunal Supremo deberá resolver una cuestión relevante en materia tributaria: si un contribuyente puede solicitar la rectificación de una autoliquidación una vez transcurrido el plazo general de cuatro años o si, por el contrario, este derecho puede mantenerse abierto en determinados supuestos.

El caso se refiere al IRPF del ejercicio 2015 y a una solicitud presentada en 2022, que fue rechazada por la Agencia Tributaria por entender que había prescrito.

Posición de la Administración tributaria

La Administración sostiene que el artículo 66.c) de la Ley General Tributaria establece un plazo de prescripción claro y taxativo de cuatro años. En consecuencia, cualquier solicitud de rectificación presentada fuera de ese plazo debe ser desestimada, con independencia de las circunstancias del caso.

Este criterio responde a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y evitar la revisión indefinida de situaciones tributarias ya consolidadas.

Argumentos del contribuyente

El contribuyente discrepa de esta interpretación. Considera que el plazo no debe computarse de forma estrictamente aislada, ya que previamente existió un procedimiento de comprobación limitada sobre el mismo ejercicio fiscal.

Aunque dicho procedimiento no abordó los elementos concretos que ahora se pretenden rectificar, el contribuyente entiende que la actuación administrativa mantiene abierto el periodo de revisión, lo que impediría considerar prescrito su derecho.

Normativa en discusión

El conflicto se centra en la interpretación conjunta de varios preceptos:

• Artículo 66.c) LGT, relativo a la prescripción de derechos tributarios.
• Artículo 120.3 LGT, que reconoce el derecho a solicitar la rectificación.
• Artículo 126.2 del RGAT, que regula el procedimiento aplicable.

La falta de una regulación completamente armonizada ha generado interpretaciones judiciales divergentes.

Jurisprudencia contradictoria

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene una interpretación estricta del plazo de cuatro años, aplicándolo de forma uniforme. En cambio, otros tribunales superiores, como los de Galicia y Canarias, consideran que la posibilidad de rectificación se mantiene mientras la Administración conserve su potestad de liquidación.

Esta discrepancia ha motivado la intervención del Tribunal Supremo.

Importancia del pronunciamiento

La sentencia del Alto Tribunal será determinante para clarificar el alcance del derecho a la rectificación de autoliquidaciones y su relación con la prescripción tributaria. Su resolución afectará tanto a contribuyentes como a la práctica administrativa, especialmente en materia de devoluciones y revisión de ejercicios fiscales cerrados.