Un juez avala la demolición de viviendas ilegales en la costa gallega

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra ha confirmado que la Xunta de Galicia puede ordenar la demolición de edificaciones ilegales construidas en zonas de servidumbre de protección de costas, incluso cuando hayan pasado más de quince años desde su edificación.
El caso se refiere a dos viviendas prefabricadas levantadas en los años noventa en la ría de Aldán (Cangas) sin licencia municipal. En 2022, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística dictó una orden de demolición que los propietarios recurrieron. Ahora, la justicia respalda la actuación administrativa al entender que el tiempo transcurrido no extingue la potestad de restablecer la legalidad urbanística.

No existe doble sanción por los mismos hechos

Uno de los argumentos principales de los demandantes era que la orden de demolición vulneraba el principio “non bis in idem”, puesto que el Ayuntamiento de Cangas ya había impuesto sanciones económicas por las mismas infracciones en 1993.
El juez descarta esta alegación, explicando que la sanción administrativa y la orden de demolición son actuaciones distintas: la primera tiene carácter punitivo, mientras que la segunda es una medida restauradora. En consecuencia, la demolición no constituye una nueva sanción, sino la materialización del deber de reponer el terreno a su estado original conforme a la Ley 22/1988, de Costas.

La propiedad privada no prevalece sobre la legalidad urbanística

El juez también rechaza que la medida vulnerase el derecho de propiedad de los demandantes. Según la resolución, la demolición no implica expropiación, sino el cumplimiento de la obligación de ajustar el terreno a los usos permitidos.
De este modo, los propietarios conservan la titularidad de las parcelas, pero deben eliminar las construcciones ilegales. La sentencia destaca que el tiempo no convierte en legal lo que nació ilícito, especialmente cuando la infracción afecta a un espacio protegido y de relevancia ambiental.

Referencia al informe Auken y al Derecho europeo

El fallo cita el informe Auken del Parlamento Europeo (2009), que criticó la urbanización irregular en la costa española y la lentitud administrativa en la restauración de la legalidad.
El magistrado recuerda que el Derecho de la Unión Europea no ampara este tipo de actuaciones, y que la restitución del entorno prevalece sobre los intereses económicos de los infractores. La resolución no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.